EL TRIBUNAL DE FAMILIA DE CURICÓ, DECRETÓ EL 21 DE ABRIL LA MEDIDA DE PROTECCIÓN EN FAVOR DE CINCO NIÑAS Y NIÑOS QUE HABITAN EN LA TOMA ILEGAL EN LA RIBERA DEL RÍO GUAIQUILLO, SECTOR DRAGONES SUR, SIN EMBARGO, ESTE MIÉRCOLES EL JUEZ FERNANDO BRAVO DIO PIE ATRÁS A ESTA RESOLUCIÓN, AÚN CUANDO A TRAVÉS DEL SERVICIO MEJOR NIÑEZ, ESTABAN LISTOS LOS CUPOS PARA NUEVOS HOGARES PARA LOS MENORES.

De acuerdo con la Directora de Desarrollo Comunitario, Pilar Contardo Jofre , el municipio inició todas las gestiones que están en su competencia para proteger a estos menores edad a través de la oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia (OPD).

Por lo mismo, presentó un escrito al tribunal que señalaba las condiciones en la que están viviendo estos niños. Esto fue acogido por el juzgado que determinó el amparo de la fuerza pública para el traslado de ellos a centros de protección.

“Nosotros el 21 de abril recibimos la notificación por parte del Tribunal de Familia donde se decreta la medida de protección para cinco de estas niñas y niños en cuatro causas porque dos eran hermanos. Lo que opera entonces es que el tribunal instruye el retiro, se toman las medidas en torno a eso, a partir de una serie de procedimientos que se realizan en conjunto con Carabineros de Chile y es el mismo tribunal siempre es quien decreta y señala que es la institucionalidad de Mejor Niñez a quien le corresponde disponer de los espacios en alguna residencia para que estas niñas y niños puedan irse en resguardo mientras su familia puedan alcanzar las condiciones necesarias para poder recuperarlos”, comentó.

La profesional aclaró que no es a la Municipalidad de Curicó ni a la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia a quien le corresponde definir dónde estos niños se van luego de una medida emanada del Tribunal de Familia, sino que es la institucionalidad y esa gestión ya se había realizado por parte de Mejor Niñez y ya existían los cupos en dos residencia para poder acogerlos.

“FALTA DE ANTECEDENTES E INTÉRPRETES”

Desde que inició esta toma ilegal de terrenos, el municipio se hizo presente el lugar para conocer la condición social de las familias que se estaban instalando en el lugar y, con el fin de tener una correcta comunicación con las personas extranjeras lo hicieron en compañía de intérpretes de la Oficina de Asuntos Migratorios, lo mismo que estaba considerado para para el procedimiento que se iba a realizar este miércoles, por lo que la barrera idiomática era algo que estaba resulto desde un principio.

“Para el procedimiento que se iba a realizar y que estaba organizado con Carabineros existían dos intérpretes para poder realizar el proceso, para entregar la información a la familia de la forma más clara también y para que ellas y ellos entiendan que acá hay una medida judicial que busca el resguardo de los niños mientras estas familias logran establecerse para que puedan recuperarlos”, sostuvo Pilar Contardo Jofre.

Con respecto a la supuesta falta de antecedentes manifestada por el Juez de Familia, Fernando Bravo, la Directora de Desarrollo Comunitario, detalló que a fines del marzo, cuando se hizo la presentación, se entregaron todos los antecedentes que tenía el municipio en ese instante, los cuales fueron acogidos por el Tribunal de Familia, con los cuales el juzgado decreta la medida de protección para los cinco niños.

“En estos casos no habían antecedentes pendientes que entregar, no habían diligencias pendientes solo proceder al retiro lo que implicó una coordinación enorme con Carabineros, con Fuerzas Especiales, teníamos coordinación con el SAR del sector, con intérpretes, con el equipo de la OPD apoyado por asistentes sociales y psicólogos, todo con el afán de hacer un proceso lo más completo posible y de poder contener y acoger a estas familias en este momento que sabemos que no es fácil”, explicó.

Asimismo, Contardo manifestó su preocupación de que circule información errónea, ya que la comunidad interpreta de manera equivocada un trabajo que fue realizado por un equipo de profesionales especializados como es el de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y que busca como fin último resguardar a estas niñas y niños, como también, dar respuesta a una necesidad y problemática de la comunidad y del sector surponiente de Curicó.

“Desde el municipio y desde nuestro alcalde (Javier Muñoz) se ha golpeado muchas puertas, se ha participado en muchas mesas, pero hasta el minuto no hemos tenido el suficiente respaldo para poder dar una respuesta efectiva y eficaz para que estas familias puedan mejorar su situación y para que todo el sector de Dragones Sur que hoy día se está viendo fuertemente afectado pueda también vivir de manera adecuada, por lo tanto, nos interesa profundamente aclarar que aquí hubo un procedimiento que se inició a finales de marzo, que tuvo una resolución de tribunal, que no había en esos casos antecedentes pendientes y que estaba hoy día ad portas de ejecutarse tomando todas las medidas necesarias considerando temas de salud, de contención, temas idiomáticos, sin embargo a las 8:34 del día de ayer (miércoles) somos notificado vía correo electrónico de la cancelación de este operativo”, reiteró.