EXPERTAS DE SUIZA Y MÉXICO DESTACARON EL TRABAJO DE LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA DESDE LAS PRIMERAS HORAS DE LA DETENCIÓN.

El modelo de trabajo de defensa penal pública en unidades policiales fue alabado por la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), en una reciente visita a la región del Maule, en la cual vinieron a conocer in situ la implementación de dicho sistema que funciona en Talca desde el año 2017 bajo el alero de la Defensoría Regional de Maule y que fue calificado como único en Latinoamérica y el mundo, y al cual se viene siguiendo su desempeño desde sus inicios, como una herramienta de escrutinio y control externo, además de coordinación interinstitucional en pos del resguardo de los derechos y dignidad de personas detenidas.

La comitiva, integrada por la experta suiza y secretaria general adjunta de la APT, Audrey Olivier, y su par mexicana Sara Vera, estuvieron acompañadas por el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), encabezada por su presidente, Sebastián Cabezas. La delegación demostró especial interés por conocer en detalle la forma de operación que tienen los defensores públicos durante los primeros momentos de la detención de una persona, una vez que es trasladada a un cuartel policial.

Para ello, el Defensor Regional del Maule, José Luis Craig, junto al jefe de Estudios regional, Rodrigo Flores, explicaron los detalles e impacto que ha tenido la implementación de este modelo que se ha ejecutado en Talca y piloteado en Curicó, con importantes resultados desde la perspectiva del respeto a los derechos y garantías de las personas detenidas, además de la prevención y disminución considerable de denuncias de abusos o maltratos policiales.

“La Defensoría ha generado un modelo que ha sido visto con buenos ojos por distintos organismos internacionales. Antes fue EUROsociAL+, ahora la APT, con sede en Suiza, y el CPT, con sede en Chile. Nos sentimos honrados y orgullosos de mostrar nuestro trabajo y lo que se puede lograr trabajando interinstitucionalmente con Carabineros, PDI, Tribunales y Fiscalía y, ojalá, este trabajo sirva para que, eventualmente, la Defensoría Penal Pública (DPP) siga cumpliendo su rol de protección y garante de los derechos de las personas en el marco del debido proceso”, explicó Craig.

En tanto, el presidente de la CPT, organismo de derechos humanos que tiene por mandato monitorear los lugares de privación de libertad, custodia o cuidado del país, señaló que “la asistencia jurídica, la defensa desde las primeras horas de la detención, es un elemento clave para prevenir la tortura y malos tratos en un contexto de custodia policial. Esperamos que en algún momento se convierta en una política pública de alcance nacional, porque, efectivamente, los datos hablan por sí solos: la presencia estatal, específicamente a través de la Defensoría Penal Pública y su asistencia, por supuesto que influye en un trato digno y para remover situaciones de malos tratos en la custodia policial”.

COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL

El encuentro contó, además, con la activa participación de la Jefa de la VII Zona de Carabineros, General Berta Robles, y de la Directora de Derechos Humanos y Protección de la Familia de Carabineros, General Karina Soza, quienes relataron el trabajo que se realiza en las unidades policiales a las que asisten las y los defensores penales públicos que, en el caso de Talca, se dedican exclusivamente a monitorear las nóminas de personas detenidas, para luego entrevistarlas y asistirlas en las audiencias de control de la detención, de ser necesario.

La jornada contó con una visita en terreno en la Tercera Comisaría de la capital regional, en la que se pudieron reivsar las condiciones del cuartel, los calabozos y los protocolos aplicados por los funcionarios policiales de guardia y custodia.

Al respecto, la General Robles, expresó que “tenemos muy claro que Carabineros es de todos y tenemos estar preocupados de la dignidad de las personas, no importando su condición. Estamos muy contentos de ser parte de este piloto que ha resultado muy positivo y efectivo el trabajo coordinado de Carabineros de la Tercera Comisaría con la Defensoría Penal Pública, tanto como una medida de control, de asegurar las garantías de las personas detenidas, y tiene un plus adicional que es ir mejorando e ir conociendo en forma inmediata cuando se están cometiendo algunos errores que puedan vulnerar la dignidad de las personas. Vamos a seguir trabajando y lo ideal es que se siga proyectando a nivel nacional este gran piloto”.

Finalmente, la General Soza, quien además es la contraparte técnica del convenio que se firmó a nivel nacional entre Carabineros y la DPP, concluyó que “marca un hito porque la región (del Maule) ha sido pionera en la implementación de una buena práctica que esperamos se masifique a nivel nacional. Ya llevamos seis regiones en que los defensores penales públicos van a las unidades policiales, hemos podido conocer el tratamiento que se da a un detenido, la buena coordinación entre ambos entes, que lo único que hacen es buscar una buena atención a las personas, reconocer su dignidad, no importando la calidad que tenga éste y, por supuesto, entrega una respuesta como Estado acorde a las necesidades de las personas”.