LA INICIATIVA BUSCA ENTREGAR UN MARCO NORMATIVO MODERNO QUE DESINCENTIVE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA PROBIDAD Y PROTEJA ADECUADAMENTE A QUIENES DENUNCIAS POSIBLES FALTAS.

Con el objetivo de entregar nuevas herramientas para enfrentar hechos de corrupción en la administración pública, a mediados de este mes se promulgó la Ley de Protección al Denunciante.

La ley establece que el acceso a la protección es un derecho de todo denunciante, que garantiza su integridad personal y la de sus bienes, así como la conservación de sus condiciones de vida y de trabajo, que eventualmente podrían ser amenazadas como consecuencia de su denuncia o de su participación en los procedimientos propios de las investigaciones respectivas.

«Si yo le pregunto ¿Usted confía en el Estado? Es altamente probable que su respuesta sea negativa, sobre todo en el momento actual que se vive en Chile, donde semana tras semana nos encontramos con hechos vinculados a corrupción que no solo generan alta expectación pública, sino que también ponen cuesta arriba la difícil tarea de retomar la confianza de la ciudadanía con el Estado. Hay instrumentos que muestran que la percepción de corrupción y desconfianza bordean el 80% por lo que esta ley debe ser un paso de muchos para avanzar en una agenda de corto plazo que permita dar vuelta un complejo escenario», apunta el docente de la carrera de Administración Pública de la Universidad de O’Higgins, Manuel Toro.

El estatuto crea un canal de denuncias administrado por la Contraloría General de la República, mediante una plataforma electrónica, a efectos de que toda persona pueda denunciar hechos constitutivos de faltas a la probidad administrativa, incluyendo, entre otros, hechos constitutivos de corrupción, o que afecten, o puedan afectar, bienes o recursos públicos, en los que tuviere participación personal de la Administración del Estado.

Sobre los esfuerzos en materia de anticorrupción por parte del Estado, el también docente de Administración Pública de la misma casa de estudios, Michel Figueroa, indicó que «estos han estado centrados en sancionar los hechos, pero no se han puesto en prevenir o detectarlos. La promulgación de esta ley contribuye a contar con una nueva herramienta para detectar posibles casos e irregularidades que ocurren dentro de la Administración del Estado e investigarlos a tiempo, para en caso de acreditarse las irregularidades poder sancionar oportunamente».

Respeto del deber de denuncia y de las medidas de protección del personal de la administración del Estado, la nueva norma establece que el personal de la Administración del Estado tiene el deber de denunciar, con la debida prontitud, ante los órganos administrativos o judiciales que correspondan, los hechos de que tome conocimiento en el ejercicio de sus funciones y que revistan caracteres de delito o que sean constitutivos de faltas administrativas o a la probidad.

«Se debe generar conciencia sobre los actos que son contrarios a la probidad administrativa y a la ética pública, lo que se resumen en privilegiar el interés general y no los intereses particulares, de tal forma que cada vez que se identifiquen situaciones que sean contrarias a esta idea puedan denunciar los hechos de tal forma de detectar posibles casos de corrupción», apuntó Michel Figueroa.

El estudio Radiografía de la Corrupción (2020) de la CGR indicó que solo un 32,9% de quienes fueron víctimas y/o testigos de corrupción lo denunció. Una de las principales razones mencionadas para no denunciar es el temor a ser objeto de represalias o amenazas (35,1%), lo que es más prevalente en funcionarios públicos (48,7%). La ley busca enfrentar este problema.

«En la carrera de Administración Pública UOH hay una línea de trabajo en esta área que busca reforzar que las y los futuros funcionarios públicos tengan no solo conocimientos sino que también claridad de sus derechos, deberes y consecuencias al momento de resolver un problema que afectará no sólo a ellos sino que a quienes habitan este país, desde lo normativo en cátedras como Derecho Administrativo hasta las decisiones que se deben tomar al momento de ejercer la función pública, discusión que se profundiza en el curso de Ética Pública”, finalizó el docente Manuel Toro.